La organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), reclama subir el umbral del delito fiscal a cambio de endurecer la sanción.
Pretende aumenta con carácter general el umbral a partir del cual un fraude se considera delito fiscal, desde los 120.000 euros actuales hasta los 600.000 euros. A cambio de elevar esta barrera, presente endurece las penas para los que incurran en el citado delito.
Reclaman que se elimine la excusa absolutoria —una dispensa incluida en el artículo 305 del código penal por la cual los defraudadores quedarán exentos con el pago de la deuda— para estos casos. Entre la batería de medidas que plantean los inspectores también sobresale la creación de una tax room. Esta iniciativa obligaría a las empresas con un determinado volumen de facturación a tener una dependencia donde se recopile toda la información contable y tributaria de la empresa y que sea de acceso libre para las autoridades fiscales.
De esta forma, se evitaría que los contribuyentes investigados se opongan al acceso de los inspectores a sus oficinas
